Por Pamela Méndez, socia líder de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY. Francisca Contreras, gerente de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.
En el último tiempo la “legitimidad territorial” se ha convertido en un elemento crítico para la viabilidad de los proyectos empresariales en Chile y el mundo. Para analizar su importancia primero partamos definiendo en qué consiste y cómo medirla.
Este concepto se refiere al grado de aceptación, confianza y reconocimiento que una comunidad local otorga a un proyecto, empresa, institución o política pública que se desarrolla en su zona. Esto quiere decir que no depende únicamente de cumplir la ley o contar con permisos, sino también de que los actores del territorio perciban que sus intereses, preocupaciones y expectativas han sido considerados.
Yendo un poco más allá, puede considerarse una evolución del concepto de “licencia social para operar” (muy utilizado en sectores como minería, energía e infraestructura), ya que además de incorporar aceptación comunitaria incluye también contribución efectiva y medible al desarrollo sostenible del territorio, de acuerdo con los expertos.
Además, este término no suele medirse en Chile mediante un indicador único, sino que por al menos cuatro dimensiones: confianza institucional y social, capacidad de decisión regional y local, participación de las comunidades y conflictividad socioambiental.
De igual forma, esto no es solo una discusión institucional, ya que también se manifiesta en la capacidad de prevenir y resolver disputas sobre los costos y beneficios del desarrollo. El hecho de que más de un tercio (34%) de los conflictos involucre territorios indígenas refuerza la importancia de la participación temprana, la pertinencia cultural y el reconocimiento de comunidades que mantienen vínculos históricos o productivos con ciertos lugares, según el Mapa de Conflictos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Legitimidad territorial en energía El hecho de operar sin aceptación social conlleva eventuales riesgos, desde demoras, sobrecostos, judicialización y hasta la paralización total de proyectos. Estas situaciones suceden en diferentes áreas productivas del país como minería, forestal, acuicultura y energía.
Sobre esta última industria en la que ahondaremos, la validación territorial no enfrenta únicamente el desafío tecnológico o financiero de la transición energética, debido a que el reto está, desde nuestro punto de vista, en desarrollar la infraestructura necesaria para cumplir sus metas integrando las expectativas, prioridades y dinámicas de los territorios en los que se emplaza. En este contexto, este concepto deja de ser un atributo reputacional y se convierte en una condición estratégica para habilitar inversión, gestionar la incertidumbre y avanzar en la hoja de ruta energética del país.
Desde el punto de vista de EY, el aporte de la legitimidad territorial se podría enmarcar en tres áreas: primero, es un habilitador de la transición energética. La descarbonización, la expansión de las energías renovables y el desarrollo de nueva infraestructura energética requieren una integración temprana de las realidades territoriales. La capacidad de construir acuerdos y anticipar riesgos territoriales es hoy un factor determinante para la viabilidad y continuidad de los proyectos.
Segundo, los territorios demandan participación y generación de valor. Las expectativas en las decisiones que afectan sus territorios, así como recibir beneficios concretos y sostenibles asociados al desarrollo energético.
Tercero, la confianza es un habilitador de la inversión. En un contexto de alta demanda de inversión y de necesidad de acelerar proyectos clave para la transición energética, la capacidad de construir relaciones de confianza con los territorios se vuelve un elemento estratégico. La legitimidad territorial ayuda a gestionar la incertidumbre, fortalecer la gobernanza de los proyectos y generar condiciones más favorables para el desarrollo de las inversiones.
Considerando lo anterior, las empresas que utilicen IA para la gestión socioambiental podrán anticipar riesgos y tomar decisiones oportunas al integrar múltiples niveles de información territorial (ambiental, social, gobernanza, económica, regulatoria) que permitirán identificar patrones de comportamiento y alertas tempranas como posibles vertimientos de material, cambios en la calidad del agua, emisiones atmosféricas, ruidos molestos, alteraciones en ecosistemas, etc.
En definitiva, las organizaciones que se adelanten en materia de reconocimiento territorial de la mano de las tecnologías como data analytics e IA e incluyan este concepto dentro de la estrategia y la planificación -que superan el mero cumplimiento regulatorio y ambiental-, serán competitivas, atractivas para inversiones y contarán con relaciones más sólidas con sus diferentes grupos de interés (comunidades y pueblos originarios) gracias a la creación de confianza, participación y generación de valor que permitirá que cualquier iniciativa o proyecto empresarial sea mucho más viable y sustentable.
(EY es un entidad socia de WEC Chile e integrante de la Mesa Business for Climate)