Hace ya varias semanas el país está en medio de un amplio debate sobre la instalación de medidores inteligentes en Chile, cruzado por las más diversas consideraciones, que han ido desde el origen y legitimidad de esta política pública, hasta un conjunto de mitos sobre el desempeño, la calidad y hasta potencial peligrosidad de estos dispositivos de medida.
Dentro de los temas que se han debatido, probablemente uno de los más relevantes sea que desde distintas posiciones se ha señalado que esta política pública no fue conocida, no fue entendida o incluso que correspondería a una especie de trampa en la que cayeron todos sus protagonistas, por ignorancia o por ineptitud.
Se ha dicho que la implementación de medición inteligente en Chile, la que implica enormes inversiones para la industria en un plazo de siete años, sería una fórmula para enriquecer a las compañías, permitiéndoles una renta exagerada (se ha llegado a señalar que del 15%) sobre estos nuevos activos.
Todo esto ha generado un legítimo malestar ciudadano del que todos los actores involucrados nos debemos hacer cargo. Sin pretender abordar a cabalidad la problemática surgida, estimamos necesario aclarar algunas aseveraciones para proteger la institucionalidad del país y evitar que sigamos degradándola hasta reducir a la cuasi totalidad de los órganos del Estado a un conjunto de ignorantes o algo peor.
Esta política pública corresponde a un esfuerzo de años, que comenzó con la agenda de energía que con tanto orgullo acordamos hace ya cerca de un lustro, en la que la calidad de servicio y la modernización de las redes eran dos de sus más importantes prioridades. Continuó con un proceso amplio y reglado de discusión de una nueva norma técnica de calidad en distribución, la que culminó – luego de años de trabajo técnico en que participaron todos los órganos del Estado del sector energía – en una consulta pública. La norma fue publicada y publicitada a fines del año 2017. Es esta se establece la obligatoriedad de instalar sistemas de control, monitoreo y medida inteligentes en todo Chile. Nadie, durante todo el proceso de consulta y discusión se mostró en desacuerdo.
Finalmente, se modificó la ley de manera tal que fueran justamente las empresas de distribución las que asumieran directamente el costo de los medidores, descartando otras alternativas, como la venta o arriendo, pues esta modalidad resultaba más económica y distributiva para los clientes. Durante el proceso de discusión de esta ley – es cosa de mirar las actas de las comisiones – cada aspecto de la política fue explicado por las autoridades de entonces, con transparencia y en detalle.
Finalmente, se dictó un Decreto Tarifario en el año 2018, que reconoce como un costo de las empresas esta nueva inversión que nunca antes fue obligatoria, tratando a este activo como a cualquier otro de la empresa, como postes, cables o transformadores. El Decreto fue tomado razón por la Contraloría General de la República. Además, a diferencia de lo que se ha afirmado en diversos medios por estos días, la industria de la distribución eléctrica no tiene una rentabilidad garantizada, y no es ni ha sido nunca del 15%. De hecho, la autoridad chequea cada año este punto y la rentabilidad se encuentra en torno al 7% antes de impuestos.
Chile ha sido un ejemplo para el mundo en materia de transición energética. Nuestra credibilidad como país y la credibilidad de nuestras políticas han sido no sólo claves para su prestigio internacional sino también para la atracción de inversiones en beneficio de todos los
chilenos. Es por esto que resulta sorprendente que hoy algunos puedan insistir en que una política pública con el nivel de publicidad de ésta (en las redes sociales circulan hoy mismo decenas de imágenes de los tempranos y detallados anuncios sobre la política e incluso sobre sus alternativas de financiamiento), que fue tramitada y aprobada por dos ministerios, Energía y Segpres, la Comisión Nacional de Energía, la unanimidad del parlamento y la Contraloría General de la República, sea el fruto de una confusión, un engaño o la ineptitud de todos sus autores o revisores.
Esta política pública sí fue ampliamente discutida, revisada, consultada, aceptada y comprendida por todas las autoridades que participaron de ella. Nadie se equivocó o no comprendió. Insistir en esa hipótesis sólo degrada a nuestras instituciones. Las reduce y las pone
en entredicho de la manera más injusta y peligrosa. Además, y aunque hoy sea muy impopular decirlo, es una buena política pública. Indispensable para garantizar el futuro de la energía en Chile y la calidad de servicio de nuestros clientes.
Fuente: El Mercurio
